APUNTES SOBRE VACANCIA PRESIDENCIAL POR INCAPACIDAD MORAL Y DEBIDO PROCESO

Por: Alejandro Muñante Barrios y Jorge Eduardo De Lama Vargas.*

La posible vacancia por incapacidad moral del Presidente de la República, ha generado -y no es para menos- un intenso debate público entre quienes consideran que el presidente debe  ser vacado y aquellos que consideran que debe mantenerse en el cargo. Tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación, diversos congresistas, analistas, periodistas y ciudadanos; han planteado todo tipo de argumentos para defender su posición; sin embargo, salta a la vista aquellos que hacen alusión a la incapacidad moral como concepto de difícil determinación y a un supuesto irrespeto al debido proceso.

Debemos precisar en primer lugar que, en un proceso de vacancia presidencial por incapacidad moral no se discute si el Presidente cometió algún acto de corrupción o de infracción constitucional durante su gestión -ya que eso sería materia de un antejuicio y no de un juicio político- sino más bien lo que se ventila es la conducta ética del Presidente. En efecto, se cuestiona aquellos actos que devienen en una falta grave a la ética y la moral, que en su condición de Jefe de Estado y en quien recae la función de dirigir la política general del gobierno, sería imperdonable que ocurra. En este sentido, es preciso citar lo dicho por el profesor Abraham García Chávarri en su tesis “La vacancia por incapacidad moral del Presidente de la República” donde afirma: “Conviene distinguir la incapacidad moral como causal de vacancia presidencial de la acusación constitucional contra el presidente de la República por la causal de infracción de la Constitución”.[1]

LA INCAPACIDAD MORAL PARA GOBERNAR

Si bien la incapacidad moral se encuentra contemplada en el inciso 2 del Art. 113 de la Constitución Política del Perú, sin embargo no existe una ley que la desarrolle; pues la norma en mención sólo se limita a señalar que se trata de una condición de carácter permanente y que debe ser declarada por el Congreso. Ante esto, quien podría negar que la incapacidad moral viene a ser aquella declaración de invalidez para el cargo, producida por toda conducta premeditada que sea contraria a la reglas de la moral y la ética.

Por esa razón, consideramos que, la falta a la verdad en la que incurran las declaraciones públicas del Presidente de la Nación, constituye una grave afectación al prominente  grado de honorabilidad que su alta investidura demanda. Así, esa falta a la verdad, debe ser analizada desde la coyuntura política en la que nos encontramos, para poder determinar, cuan comprometida estaría su credibilidad ante la opinión pública, sobre todo en aquellos casos donde exista mayor grado de sensibilidad en la población. Está claro que no será lo mismo si el Presidente miente sobre su patrimonio, que si miente sobre sus vínculos con una empresa envuelta en grandes casos de corrupción a nivel internacional. Mentirle al país en este último caso concreto es pues causal de incapacidad moral, puesto que es evidente que estos hechos denigran la imagen presidencial. [2]

Corresponde ahora, a los congresistas -no a los jueces- elegidos por voluntad popular, el cual les otorga una alto grado de discrecionalidad, decidir sobre ese asunto. Decisión que será enteramente política y no jurídica, ya que, como señala el Profesor Walter Robles Rosales, no es un juicio penal sino político, pues el Congreso no juzga un hecho como delictuoso, sino una situación de gobierno inconveniente para el Estado.[3] Ahora bien, para ello, existe un debido procedimiento, y es el que dispone el artículo 89-A del Reglamento del Congreso. Por tanto, al no ser un proceso de naturaleza judicial, no entra a tallar las reglas jurisdiccionales, sino cuestiones netamente políticas. Tal como lo reconociera  el Tribunal Constitucional en el Exp. 0006-2003-AI/TC.[4]

Si bien la propuesta de desarrollar un marco legal claro y preciso que desarrolle los supuestos para saber cuándo estamos frente a una incapacidad moral del Presidente -tarea difícil, dada la naturaleza bastante subjetiva del concepto- no nos parece tan descabellada, qué duda cabe que una de las acciones a tipificar como causal de esa incapacidad sería precisamente el negar los vínculos con algún personaje u organización ligada a la corrupción ante una comisión investigadora Ad Hoc, o por el supuesto de habérsele descubierto actos de corrupción cuando era funcionario público con anterioridad a su elección.

EL “DEBIDO PROCESO” EN LA VACANCIA PRESIDENCIAL.

El Tribunal Constitucional define el debido proceso como un derecho que: ‘‘supone el  cumplimiento de  todas  las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos y conflictos entre privados, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto que pueda afectarlos’’[5]; “comprende una serie de derechos fundamentales de orden procesal, cada uno de los cuales cuenta con un contenido constitucionalmente protegido que le es propio”[6]; “su contenido constitucionalmente protegido comprende una serie de garantías, formales y materiales, de muy distinta naturaleza, que en conjunto garantizan que el procedimiento o proceso en el cual se encuentre inmerso una persona, se realice y concluya con el necesario respeto y protección de todos los derechos que en él puedan encontrarse comprendidos”.[7]

Tenemos entonces una suerte de derecho continente que agrupa un conjunto de derechos tales como; el derecho al juez natural, el derecho a la imparcialidad del juez, el derecho al procedimiento preestablecido, el derecho a la asistencia de un abogado, el derecho de defensa, el derecho a la pluralidad de instancias, el derecho a la motivación de las resoluciones, el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, derecho a la presunción de inocencia, etc.

Dicho esto, la pregunta a responder es ¿Todos los derechos y garantías que se encuentran comprendidos en el derecho al debido proceso, son aplicables al proceso de vacancia? La respuesta es no. El procedimiento de vacancia por incapacidad moral es de naturaleza política. En él, no se busca determinar la responsabilidad penal o administrativa del Presidente respecto de algún delito o infracción, sino de cuestionar sus conductas y  calidades morales para así constatar una situación, si el presidente tiene o no capacidad moral para dirigir a la nación. Así pues, la vacancia presidencial, al igual que los mecanismos de interpelación y censura, son juicios de control político; por lo que, atendiendo a esa naturaleza específica, el pretender que se apliquen simétricamente todos los derechos y reglas procesales que conforman el derecho al debido proceso a los procedimientos políticos, significaría desnaturalizarlos de tal manera que ya no podrían cumplir con la finalidad para los cuales han sido establecidos.

A modo de ejemplo: ¿Puede el Presidente de la República, en ejercicio del derecho a la pluralidad de instancias, apelar ante una instancia superior la decisión a la que llegue el Congreso, si este decide vacarlo? Obviamente no. ¿Puede un Ministro censurado ser repuesto mediante un proceso de amparo alegando falta de motivación de la decisión del parlamento? La respuesta también es no. ¿Se viola el derecho al juez imparcial, si algún o algunos congresistas manifiestan su decisión de vacar al Presidente de la Republica con anterioridad a que realice su presentación ante el pleno? De ninguna manera; así como tampoco se viola el mismo derecho cuando los congresistas del partido de gobierno manifiestan su decisión de votar en contra de la vacancia antes de escuchar los descargos del Presidente ante el Congreso, a pesar de que ambas situaciones, en el marco de un proceso judicial podrían constituir un adelanto de opinión del juez y por tanto una vulneración del derecho al debido proceso.

Por tanto, en el caso del procedimiento constitucional de vacancia por incapacidad moral iniciado por el Parlamento, el derecho al debido proceso se entenderá cumplido si es que se respeta el procedimiento establecido en la Constitución y el Reglamento del Congreso, tanto en sus formas como en sus plazos, pero nada más. Vale decir que el mismo procedimiento de vacancia contempla que el Presidente, personalmente o a través de su abogado, brinde sus descargos ante el pleno respecto de las conductas sobre las cuales se le cuestiona, por lo que alegar que no se está respetando el derecho a la defensa, al haber aprobado la moción de censura sin que haya asistido a declarar a la comisión Lava Jato, es erróneo.

Finalmente lo dicho aquí va de la mano con el criterio recogido por el Tribunal Constitucional, el cual ha indicado que: “el derecho al debido proceso, reconocido en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución, es un derecho cuyo ámbito de irradiación no abarca exclusivamente el campo judicial, sino que se proyecta, con las exigencias de su respeto y protección, sobre todo órgano, público o privado, que ejerza funciones formal o materialmente jurisdiccionales. Sin embargo, esta vocación expansiva del derecho al debido proceso no significa que todos los derechos que lo conforman se extiendan, tout court, a todos los procesos o procedimientos a los que antes se ha hecho referencia”.[8]

*Abogados (USS – PUCP), directivos de la Red Nacional de Abogados para la Defensa de la Familia.

[1] http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/viewFile/8962/9370

[2] Esta posición es también asumida por el Constitucionalista Enrique Bernales: “(…) el no haber dicho la verdad sí podría ser una causal de vacancia por incapacidad moral, pues el mentir no fue ocasional sino una decisión voluntaria, (…).” Asimismo por el Constitucionalista Ernesto Álvarez Miranda: “Mentir reiteradamente al pueblo que lo eligió, en procura de impunidad en materia de delitos de corrupción, sí justifica la vacancia.” Ambas opiniones expresadas en: https://diariocorreo.pe/tema-del-dia/vacancia-ppk-bajo-lupa-cinco-juristas-792875/.

[3]http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con2_uibd.nsf/53FAE8CBDB8B56F4052575DF00629015/$FILE/El_juicio_pol%C3%ADtico.pdf

[4] “19.  Lo expuesto permite afirmar que en la Carta Fundamental no solamente se encuentra consagrado el antejuicio, sino también el juicio político, esto es, aquel que permite iniciar un procedimiento a los funcionarios enumerados en su artículo 99°, en razón de las “faltas políticas” cometidas en el ejercicio de sus funciones, con la finalidad de “retirar el poder de quien hace mal uso de él e impedir que [...] pueda ser reinvestido de poder en el futuro.”

[5] EXP. N° 04944-2011-PA/TC

[6] EXP. N° 5194-2005-PA/TC

[7] EXP. N° 7289-2005-PA/TC

[8] EXP. N° 5194-2005-PA/TC