Alejandro Muñante / Abogado Conservador

Conversamos con Alejandro Muñante, presidente de la Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia (Renafam) sobre el caso de Arlette Contreras y el fallo judicial a favor de su cobarde agresor, Adriano Pozo. Para Muñante, el caso se prestó para los planes políticos de las ONGs feministas,   quienes se aprovecharon de Arlete Contreras para tener un rostro simbólico y a la vez mediático. Además, considera que la fiscalía terminó rendida a la presión mediática, impulsando una ficción jurídica, el delito de feminicidio. [ENTREVISTA] ¿Por qué ha quedado libre el agresor de Arlette Contreras a pesar de las pruebas de vídeo que comprueban la agresión? Sucede que Adriano Pozo, en el presente proceso, no ha sido investigado por la cobarde agresión física registrado en el vídeo que todos hemos visto, ya que este hecho no ha sido propuesto por la Fiscalía para calificar su acusación de tentativa de feminicidio o el de violación, sino lo que habría sucedido dentro de

En esta apasionada lucha mediática contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la defensa de nuestros valores y principios cristianos, de entre los cuales destaca la preservación del genuino matrimonio conformado por un hombre y una mujer, he podido percatarme que muchos amigos y grupos pro familia, han venido incurriendo en error por estar echándole la culpa a la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) como que si estos últimos fueran los autores de la opinión consultiva con la cual se ha obligado a los Estados americanos a aprobar el matrimonio homosexual. Consciente de ello, me permito hacer las siguientes precisiones, teniendo que cuenta que sólo se trata de un error de apreciación y no de comprensión. CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es aquella que tiene como misión la defensa de los derechos humanos en la región, además de servir como órgano consultivo de la OEA en esta materia. Su sede es en Washington D.C. Estados Uni

La junta de Portavoces del Congreso de la República, presidido por Luis Galarreta, presidente del Congreso, finalmente acordó al término de su reunión extraordinaria del día 12/02, solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la “aclaración” de su resolución en el que ordena al Estado peruano el archivamiento definitivo de la Acusación Constitucional contra los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, pese a ser ésta una prerrogativa de orden constitucional que solo atañe al Congreso (Art. 89° Const.). Sin reparar en el fondo del embrollo en el que se vieron envueltos estos magistrados constitucionales, es lógico y razonable que dicha decisión internacional que debería ser accesoria y no "supra", no debe ser acatada por nuestro país, por resultar notoriamente inaplicable, ya que colisiona directamente con preceptos constitucionales (Art. 93° y 205° Const.), así como tampoco se condice con las competencias de la propia Corte Interamericana, las mism