¿FAMILIAS DEMOCRÁTICAS O FAMILIAS AL MOLDE DEL ESTADO?
El Decreto Legislativo 1408 ha traído como consecuencia la injustificada derogación de la Ley de Fortalecimiento de la Familia (Ley 28542), la única ley que planteaba y obligaba a las diferentes autoridades y organismos públicos a adoptar la perspectiva de familia en la elaboración y aplicación las políticas públicas, fortalecía el concepto de familia natural, promoviendo una paternidad y maternidad responsable conforme al texto constitucional; y en su lugar se impuso el desatinado e irregular concepto de familias democráticas.
El
concepto de familias democráticas emplea terminología impropia, que pertenece
únicamente al ámbito político y gubernamental, con el fin de adoptar una nueva
forma de concebir y regular a la familia, lo que deviene en inconstitucional;
puesto que inobserva que el artículo 233 del Código Civil señala que toda
regulación jurídica que atañe a la familia debe buscar su consolidación y
fortalecimiento, en estricta armonía con los principios y normas contemplados
en la Constitución Política del Perú. Ahora bien, en ninguna parte de nuestra
carta magna se habla de familias democráticas o democratización de la familia,
sino más bien se habla de la promoción de la maternidad y paternidad
responsable, la patria potestad y el deber de los hijos de respetar y asistir a
sus padres. Por ello, la implementación de este nuevo concepto obedece
únicamente a una intención arbitraria de redefinir a la familia, para ajustarla
a las nuevas ideologías imperantes, propias de la ideología de género.
Esta
nueva conceptualización de la familia propicia también la llamada “autonomía
progresiva del menor”, que deviene en una corriente jurídica que busca
menoscabar cada vez más la autoridad de los padres frente a sus hijos y fomenta
la independencia prematura en los menores. Con esto, los menores al ser
considerados un individuo más en la familia pueden anteponer sus decisiones a
la opinión de sus padres; y en el caso de presentarse algún acto considerado
“arbitrario” por parte de estos menores, puede generar una indebida intromisión
del Estado.
En
efecto, cualquier acto que pueda ser considerado antidemocrático (no
necesariamente abusivo) por parte de los padres de familia, estaría legitimando
la intervención del Estado en la esfera privada del hogar. Tal como ya ocurrido
en otros países donde padres y madres han sido sancionados por oponerse a que
sus hijos reciban una educación homogeneizante contraria a los principios y
valores que les inculcan en su hogar, por impedir el libre ejercicio de su
“sexualidad plena y placentera”, o a que estos puedan acceder al aborto o al
cambio de sexo registral y quirúrgico, aun si sus mismos padres no estuviesen de acuerdo.
Hagamos frente a esta nuevo atentado contra la familia, como ciudadanos nos corresponde hacer escuchar nuestra voz de protesta y no someternos a esta nueva forma de dictadura que se viste de legalidad para trastocar lo más sagrado que tenemos como sociedad.
Hagamos frente a esta nuevo atentado contra la familia, como ciudadanos nos corresponde hacer escuchar nuestra voz de protesta y no someternos a esta nueva forma de dictadura que se viste de legalidad para trastocar lo más sagrado que tenemos como sociedad.
Alejandro Muñante
Comentarios
Publicar un comentario